NoticiasCiudadanos propone relajar la regulación de drones

05/03/2018by formadron0
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La formación naranja registra una proposición no de ley para suavizar las sanciones a los pequeños operadores aéreos y hacer más flexibles los requisitos para operar con drones-

Ciudadanos quiere suavizar el régimen sancionador a los pequeños operadores aéreos, donde se incluirían los operadores de RPAS (Sistemas Aéreos Tripulado por Control Remoto), y relajar la regulación de los drones, flexibilizando los requisitos necesarios para operar con estos artefactos.

Así consta en la proposición no de ley que los diputados de la formación naranja Diego Clemente, Fernando Navarro y Melisa Rodríguez han registrado en el Congreso para su debate y votación en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja.

En ella celebran la aprobación del decreto sobre utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto, del pasado mes de diciembre, pues creen que mejora la regulación impulsada en 2014, “redactada de una forma en exceso precipitada y sin prácticamente haber consultado al sector””.

Sin embargo, recuerdan que la tramitación de una norma sectorial a nivel comunitario, que deberá ser transpuesta al ordenamiento jurídico nacional, obligará a actualizar dicha normativa, por lo que animan al Gobierno a “limar aristas” que, con la nueva regulación “deberán ser alineadas con la normativa” comunitaria, previa consulta con el sector.

Sanciones “desproporcionadas” a los operadores

Concretamente, Ciudadanos se centra en aspectos de seguridad, el régimen sancionador a los operadores, las restricciones impuestas a su uso para limitar las posibles amenazas que puedan entrañar estas prácticas con un uso delictivo y la mejora de la supervisión.

En primer lugar, proponen seguir el modelo puesto en práctica por la Dirección General de Tráfico en sus campañas contra la siniestralidad para promover la cultura de la seguridad entre los colectivos de mayor riesgo potencial –caso de los operadores de drones no profesionales, apuntan– aunque también a colectivos profesionales de reciente incorporación, como los de RPAS.

Respecto al marco sancionador, señalan que la regulación se remite a la Ley de Seguridad Aérea, planteada para grandes operadores como compañías de transporte de pasajeros, por lo que una infracción leve (una vulneración administrativa sin repercusión para la seguridad aérea, por ejemplo) estaría castigada por 4.500 euros, pudiendo incluso a alcanzar los 70.000 euros.

“Resulta de una absoluta desproporción si se compara con los regímenes sancionadores de otros profesionales con normativas más adecuadas a su ámbito”, argumentan, pidiendo además que, hasta que no se modifique este régimen, se inste a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea “para que aplique con proporcionalidad el baremo sancionador vigente”.

Riesgo de restringir el uso de drones por seguridad

Por otro lado, Ciudadanos se hace eco de la preocupación del sector ante el riesgo de restringir “desproporcionadamente” la operatividad de “usuarios de buena fe”, complicarla o incluso inviabilizarla, aun siendo “totalmente inocuas para la seguridad aérea”.

Todo ello porque creen que “en un afán por minimizar la amenaza que representa el mal uso de esta nueva tecnología, se pueden promover limitaciones excesivas que, en la práctica, terminarían perjudicando la operatividad de los usuarios de buena fe”.

Por todo ello, reclaman que se requiera a los organismos responsables de la seguridad que valoren previamente el impacto que en las actividades “inocuas” pueden tener “las medidas de caución que se propongan”, y que se parta “del principio de que no todo endurecimiento de los requisitos supondrá necesariamente una mejora en términos de aumento de la seguridad pública”.

Por último, ante el “crecimiento del intrusismo profesional” y la ausencia de medios por la AESA y de instrucciones “claras” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ciudadanos reclama que se cursen estas últimas para discriminar actividades ilícitas de las legales e imponer las oportunas denuncias.

 

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